Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoprimera
c/ Santiago de Compostela, 100  , Planta 8 - 28035
Tfno.: 914933872/73,3872
37007740	
N.I.G.: 28.079.00.2-2018/0081338
Recurso de Apelación 733/2019 

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Madrid
Autos de Proced. Ordinario (Dcho al honor, intimidad, imagen y cualquier otro derecho fundamental - 249.1.2) 537/2018

Apelante: D./Dña. MARIA TERESA RODRIGUEZ RUBIO VAZQUEZ
PROCURADOR D./Dña. VIRGINIA SANCHEZ DE LEON HERENCIA
D./Dña. ALFREDO DIAZ CARDIEL UDAONDO
PROCURADOR D./Dña. VALENTINA LOPEZ VALERO
D./Dña. MARIA VICTORIA UTRERA GÓMEZ y otros 7
PROCURADOR D./Dña. JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA
Apelado: D./Dña. JUAN GABRIEL RUFIAN ROMERO
PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO DE ASIS MORENO PONCE

	
SENTENCIA

MAGISTRADOS Ilmos Sres.: 

D.GUILLERMO RIPOLL OLAZABAL
D. RAMÓN BELO GONZÁLEZ
Dª MARIA ALMUDENA CANOVAS DEL CASTILLO PASCUAL

 	En Madrid, a seis de octubre de dos mil veinte. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación los autos de juicio ordinario número 537/2018 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como Apelantes-demandantes: D. José Antonio Utrera-Molina Gómez, D. Luis Utrera-Molina Gómez, D. César Utrera-Molina Gómez, Dª Margarita Utrera Gómez, Dª Mª del Mar Utrera Gómez, Dª Mª del Rocío Utrera Gómez, Dª Mª de los Reyes Utrera Gómez y Dª Mª Victoria Utrera Molina; y de otra como Apelantes-demandados: Dª Mª Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y D. Alfredo Díaz-Cardiel Udaondo; y apelado-demandado: D. Juan Gabriel Rufián Romero.

	VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA ALMUDENA CANOVAS DEL CASTILLO PASCUAL.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

	La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

 	PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 50 de Madrid, en fecha  9 de Mayo de 2019, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. JOSE ANTONIO UTRERA-MOLINA GOMEZ, D. LUIS FELIPE UTRERA-MOLINA GOMEZ, D. CESAR UTRERA-MOLINA GOMEZ, Dª MARGARITA UTRERA GOMEZ, Dª Mª DEL MAR UTRERA GOMEZ, Dª Mª DEL ROCIO UTRERA GOMEZ, Dª Mª DE LOS REYES UTRERA GOMEZ y Dª Mª VICTORIA UTRERA GOMEZ representados por la Procuradora Dª DOLORES MARTIN CANTON contra Dª Mª TERESA RODRIGUEZRUBIO VAZQUEZ representada por la Procuradora Dª VIRGINIA SANCHEZ DE LEON HERENCIA y D. ALFREDO DIAZ CARDIEL UDAONDO representado por la Procuradora Dª VALENTINA LOPEZ VALERO, debo declarar y declaro que los tuits publicados por D. ALFREDO DIAZ CARDIEL UDAONDO y por Dª Mª TERESA RODRIGUEZ-RUBIO VAZQUEZ en fecha 22 de abril de 2017 y 2 de marzo de 2018, objeto de litis, constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor, condenando D. ALFREDO DIAZ CARDIEL UDAONDO y a Dª Mª TERESA RODRIGUEZ-RUBIO VAZQUEZ a la eliminación de dichos tuits de sus cuentas en twitter y a la publicación de la Sentencia en la red social de Twitter, debiendo abonar la cantidad de 5.000 euros (CINCO MIL), cada uno de ellos, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Desestimando la demanda formulada contra D. JUAN GABRIEL RUFIAN ROMERO representado por el Procurador D. FRANCISCO DE ASIS MORENO PONCE, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones de la parte actora, con imposición de costas a ésta última”.

 	SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpusieron recursos de apelación por la parte demandante y por las partes demandadas, admitidos en ambos efectos, se dio traslado de los mismos a la partes apeladas, quién se opusieron en tiempo y forma. Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

 	TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 19 de Diciembre de 2019, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 29 de Septiembre de 2020, deliberación que se celebró presencialmente en Sala de Vistas de esta Audiencia Provincial.

 	CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

	PRIMERO.-  La representación de D. José  Antonio, D. Luis Felipe  y D. César Utrera-Molina Gómez, de Dª Margarita, Dª Mª del Mar, Dª Mª del Rocío, Dª Mª de los Reyes y Dª Mª Victoria Utrera Gómez formuló demanda de protección del honor y de la imagen de su fallecido padre, D. José Utrera Molina, contra D. Juan Gabriel Rufián Romero, Dª Mª Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez y D. Alfredo Díaz-Cardiel Udaondo, interesando se declarara se había producido una intromisión ilegítima en tales derechos fundamentales como consecuencia de la publicación por los citados de una serie de tuits relativos a D. José Utrera Molina, aparecidos con fecha 22 de Abril de 2017 y 2 de Marzo de 2018  los publicados por el Sr Rufián Romero, así como por el tuit publicado por la Sra. Rodríguez-Rubio Romero con fecha también de 2 de Marzo de 2018, e igualmente por el publicado ese mismo día por el Sr Díaz-Cadiel Udaondo, al señalar el primero de ellos en aquéllos que el Sr Utrera Molina había sido quien había condenado a muerte a D. Salvador Puig Antich, habiendo proclamado la Sra. Rodríguez-Rubio que el Sr Utrera Molina era responsable de su asesinato, indicándose en el tuit publicado por el último de los codemandados que era el Sr Utrera Molina quien había ordenado el asesinato de D. Salvador Puig Antich, lo que conllevaba una grave acusación de asesinato no cierta ni veraz, ofreciendo los tuits una imagen distorsionada de la realidad, utilizando términos insultantes, con imputación de hechos de gravedad, como la muerte o el asesinato de una persona, que solo buscaban el descrédito del Sr Utrera Molina.

	D. Juan Gabriel Rufián Romero se personó en autos oponiéndose a las pretensiones frente al mismo deducidas, manteniendo que los actores en el procedimiento habían tergiversado la literalidad de los mensajes por él publicados, hablando de la figura de D. José Utrera Molina y de su aparición en los medios de comunicación, sobre todo tras la publicación de la Ley de Memoria Histórica y de ser despojado de alguna de sus menciones honoríficas, así como por los hechos acaecidos en el momento de su entierro, y de los problemas habidos por él con la justicia argentina.

	D. Alfredo Antonio Díaz-Cardiel Udaondo igualmente se personó en autos oponiéndose a las pretensiones contra él deducidas, indicando que el tuit publicado traía su causa en las informaciones periodísticas aparecidas en relación con el Sr Utrera Molina, refiriendo que aunque ciertamente desde finales de los años 70 aquél no había ostentado cargo político en activo alguno, no obstante había seguido apareciendo en distintos medios de comunicación, refiriéndose a su participación en el Consejo de Ministros en el que no se conmutó la pena de muerte del Sr Puig Antich.

	Dª Mª Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez también se personó en autos oponiéndose a las pretensiones frente a ella deducidas, señalando que las manifestaciones por ella efectuadas en el tuit litigioso las había efectuado, en tanto que Diputada que era de la Junta de Andalucía, dentro de su derecho a la participación política a través de la expresión de su parecer en asuntos de interés general, no habiendo manifestado que fuera el Sr Utrera quien firmara la sentencia de muerte del Sr Puig Antich, sino imputándole una responsabilidad en tanto que miembro del Consejo de Ministros y del Gobierno del régimen dictatorial del General Franco.

	Finalmente la Juzgadora de instancia dictó sentencia, cuya completa parte dispositiva figura en los antecedentes de hecho de la presente resolución, en la que vino a desestimar las pretensiones deducidas por la parte actora contra el Sr Rufián  Romero, estimando que con los tuits publicados por el Sr Díaz-Cardiel Udaondo y la Sra. Rodríguez-Rubio Vázquez se había cometido una intromisión ilegítima en el honor de D. José Utrera Molina, padre de los actores en el procedimiento, condenando a  aquéllos en los términos reflejados en la parte dispositiva de dicha resolución, transcrita en su integridad en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

	Es contra el pronunciamiento en materia de costas efectuado en la resolución recurrida en relación con las devengadas por el llamamiento a la litis del Sr Rufián Romero, al no haber sido estimadas las pretensiones frente al mismo deducidas, y solo frente a dicho pronunciamiento, contra el que han venido a mostrar su desacuerdo los actores en el procedimiento, por considerar que en cualquier caso el supuesto  de hecho enjuiciado presentaría dudas de hecho que justificarían su no imposición.

	Por otra parte, han venido igualmente a mostrar su disconformidad con la sentencia dictada en instancia, tanto el Sr Díaz-Cardiel Udaondo como la Sra. Rodríguez-Rubio Vázquez y habiendo impugnado la sentencia dictada el Ministerio Fiscal.

	SEGUNDO.- Antes de entrar a analizar los distintos motivos de impugnación mantenidos contra la sentencia dictada en instancia, únicos a los que debemos dar respuesta en los términos previstos en el art 465.5 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, y a los efectos en esta alzada discutidos, debemos partir de la certeza de la publicación de sendos tuits por parte de D. Juan Gabriel Rufian Romero con fecha 22 de Abril de 2017 y 2 de Marzo de 2018 en los que se decía, en el primero de ellos: “A Puig Antich le rompieron el cuello con garrote vil y 23 años. Quien le condenó, ha muerto hoy con 91 años en su cama. Que no se olvide”, y en el segundo: “A Puig Antich le rompieron el cuello con 23 años en un garrote vil. Hoy hace 44 años. Quien le condenó, Utrera Molina, murió con 91 en su cama. Quien redactó su sentencia, Carlos Rey, es hoy abogado de Sánchez Camacho. Que no se te olvide”. Igualmente tanto Dª Mª Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez como D.  Alfredo Díaz-Cardiel Udaondo publicaron en sus cuentas twiter,  y ello con fecha 2 de Marzo de 2018, “Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen, nosotr@s también”, se dice en el publicado por la Sra. Rodríguez-Rubio Vázquez, indicando el Sr Díaz-Cardiel Udaondo en el por él publicado “Hoy hace 44 años asesinaron, con garrote vil, a Salvador Puig Antich. El ministro de Franco que ordenó ese asesinato fue José Utrera Molina. Vean la opinión que de él tiene el exministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón. Juzguen la catadura de estos fascistas.”.

Como antecedentes de hecho y a los efectos del contenido de los tuits que hemos transcrito,  debemos recordar que el 25 de Septiembre de 1973 fue muerto a tiros el Subinspector de la Policía Armada D. Francisco Anguas Barragán, correspondiendo, conforme a la legislación vigente en ese momento, a la justicia militar el enjuiciamiento de dicho hecho al ser el asesinado un miembro de las fuerzas de orden público, y ello conforme a lo previsto en los artículos quinto y sexto del Código de Justicia Militar de 1945 vigente en esa fecha.

	Un tribunal militar dictó el 8 de Enero de 1974 sentencia que condenó a D. Salvador Antich Puig a la pena de muerte, habiendo sido ratificada esta condena por el Consejo Supremo de Justicia Militar en sentencia de 11 de Febrero de 1974. La ejecución de esta sentencia condenatoria se llevó a cabo el día 2 de Marzo de 1974.

	Por último, es un hecho notorio y lógicamente no discutido que D. José Utrera Molina en las fechas a que nos venimos refiriendo, y concretamente en la década de los años 70,   formaba parte del Gobierno de la Nación, siendo uno de los miembros del  Consejo de Ministros en ese momento, admitiendo las partes en litigio que no formó parte del Tribunal militar que enjuició el caso del asesinato del Sr Anguas Barragán, ni formaba parte del Consejo Militar.

	Son datos que igualmente debemos tener en cuenta a los efectos en la litis discutidos que, conforme a lo establecido en el art 867 del Código de Justicia Militar de 1945, vigente reiteramos al momento en que acaecieron los hechos que hemos relatado, “Una vez firme la sentencia en que se imponga la pena de muerte, y antes de ser notificada, se pondrá en conocimiento del Gobierno por medio del Ministerio respectivo, con remisión urgente de testimonio de ella y del decreto auditoriado de aprobación en el caso de que mediante éste hubiera adquirido firmeza.

	Recibido el enterado del Gobierno, se unirá a la causa y se ordenará a la autoridad judicial su ejecución y cumplimiento, previa notificación en los términos expuestos en el artículo anterior”.

	Por otra parte, y conforme a lo previsto en el art 6 de la Ley Orgánica del Estado 1/1967 de 10 de Enero,  en el que se hablaba del Jefe del Estado, entre las funciones encomendadas al mismo se dice que es éste quien “ejerce la prerrogativa de gracia”, modificando así lo establecido en el art 30 de la Ley de 18 de Junio de 1870 que venía a establecer las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto, y en la que se disponía que la concesión de indultos, cualquiera que fuera su clase,  sería acordada en Consejo de Ministros.

	Que la prerrogativa de conceder el derecho de gracia correspondía al Jefe del Estado en el año 1974 se remarcaba en los propios Decretos publicados para la constatación de este ejercicio, siendo así que en el Decreto 580/1974, de 1 de Marzo, por ejemplo, se dice expresamente que “En virtud de las prerrogativas que me concede la Ley Orgánica del Estado  y de acuerdo con mi Gobierno, vengo en disponer …” siendo claro el término utilizado de “me” y el  termino de primera persona de “vengo a disponer” e igualmente el “así lo dispongo” final del mismo Decreto, en el que vuelve a ser la decisión unipersonal tomada por el Jefe del Estado de entonces la que se recoge en dicho Decreto conmutando la pena de muerte por una pena privativa de libertad. No obsta a lo indicado que se hablara de que la prerrogativa tomada lo había sido “de acuerdo con mi Gobierno” en tanto que el Gobierno de la Nación  carecía de competencia alguna en relación con la posibilidad de otorgar indulto alguno, cuya competencia exclusiva y excluyente correspondía al Jefe del Estado, sin perjuicio de que a dicho Gobierno se le debían comunicar las sentencias dictadas por la Justicia militar en las que se condenara de muerte a una persona, siendo necesario que el gobierno se diera por “enterado” para que pudiera ejecutarse dicha pena en los términos señalados en el art 867 del Código de Justicia Militar que hemos transcrito, no conllevando este “enterado” sino la constatación de la obligatoria comunicación establecida en dicho Código al Gobierno de la existencia de una sentencia en la que se condenaba a pena de muerte. 

	TERCERO.- Pues bien, antes de entrar a analizar los motivos de impugnación mantenidos contra la sentencia dictada en instancia, entendemos de interés reseñar, aun cuando sea sucintamente, que los derechos objeto de discusión en esta alzada entre las partes en litigio no son sino el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión,  derechos ambos protegidos por nuestra Constitución en los arts. 18 y 20, indicándose en este último precepto que el derecho a la libertad de expresión tiene su límite “en el respeto a los derechos reconocidos en este Título …. Y especialmente en el derecho al honor, intimidad, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen …”.

	Como se recuerda por nuestro Tribunal Supremo en numerosas resoluciones pudiendo citar al efecto la sentencia del Pleno de 3 de Abril de 2019 (recurso de casación 2013/18), los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución responden a principios y valores plurales, sin que esta pluralidad se organice por un criterio de jerarquización, sino de ponderación, indicando que “Dado que los principios y los valores se caracterizan por su capacidad para relativizarse, para poder conciliarse recíprocamente, cuando dos derechos fundamentales que encarnan principios y valores diferentes entran en colisión en un determinado supuesto de hecho, la norma que consagra uno de ellos limita la eficacia jurídica de la que consagra el otro. Esta situación no se soluciona excluyendo a priori la vigencia de uno de ellos ni estableciendo una regla que excepcione, en todos los casos futuros, la eficacia de uno de los derechos fundamentales cuando entra en conflicto con el otro. La solución de la colisión entre derechos fundamentales y, consecuentemente, entre los principios encarnados en ellos, consiste en que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, ha de establecerse una relación de prevalencia condicionada en la que, tomando en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se indiquen las condiciones bajo las cuales un derecho fundamental prevalece sobre el otro.

5.- Cuando se plantea un conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, tanto este tribunal como el Tribunal Constitucional han reiterado que la ponderación necesaria para resolverlo ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica, que sobre los derechos de la personalidad del art. 18 de la Constitución Española ostenta el derecho a la libertad de expresión del art. 20.1 a), en función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre e indisolublemente unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático.

6.- Ahora bien, lo anterior no supone que en todo conflicto entre ambos derechos fundamentales haya de prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor, pues dependiendo de las circunstancias concurrentes, la ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto puede determinar que el derecho al honor prevalezca sobre la libertad de expresión.

7.- El art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, define el derecho al honor en un sentido negativo, al considerar que hay intromisión por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el honor constituye un "concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento" (SSTC 180/1999, de 11 de octubre, 52/2002, de 25 de febrero, y 51/2008, de 14 de abril). En cuanto a su contenido, este derecho protege frente a atentados en la reputación personal, entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos (STC 14/2003, de 28 de enero), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella (STC 216/2006, de 3 de julio).

8.- La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, permite la protección del honor de las personas fallecidas, incluso cuando la intromisión ilegítima se produce tras su fallecimiento, puesto que, como afirma la exposición de motivos, "aunque la muerte del sujeto de derecho extingue lo los derechos de la personalidad, la memoria de aquel constituye una prolongación de esta última que debe también ser tutelada por el Derecho".

9.- Los criterios más relevantes para realizar la ponderación que permita concluir si el derecho a la libertad de expresión debe o no prevalecer sobre el derecho al honor en cada supuesto en que se produce un conflicto entre los mismos son, en primer lugar, la relevancia pública o el interés general de la cuestión sobre la que se han vertido las opiniones, ya sea por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, ya sea por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, o por ambas. En segundo lugar, la necesaria proporcionalidad en la difusión de las opiniones, pues se proscribe el empleo de expresiones manifiestamente injuriosas, vejatorias, que no guarden relación o que no resulten necesarias para transmitir la opinión o la idea crítica.

10.- Ello viene determinado porque esta prevalencia de la libertad de expresión sobre el derecho al honor no es absoluta, sino funcional. Las libertades de expresión e información del art. 20.1.a ) y d) de la Constitución prevalecen sobre los derechos de la personalidad del art. 18 de la Constitución en tanto que dichas libertades se ejerciten conforme a su naturaleza y función, de acuerdo con los parámetros constitucionales, esto es, cuando contribuyen al debate público en una sociedad democrática y no se vulnere grave e innecesariamente el ámbito protegido por los derechos de la personalidad, porque el respeto a estos derechos fundamentales también constituye una exigencia propia de una sociedad democrática.

11.- Además, los usos sociales delimitan la protección del derecho al honor, según establece el art. 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.”.

	Por otra parte,  el derecho al honor, tal y como se recoge en numerosas resoluciones de nuestro Tribunal Supremo, pudiendo citar al efecto la sentencia de 11 de Junio de 2020 (recurso de casación 2996/19), viene a proteger frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que  los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes, o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquélla.

	CUARTO.- Pues bien, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y los hechos relatados, debemos comenzar por analizar los motivos  de impugnación recogidos en el escrito formalizando el recurso de apelación formulado por la representación del Sr Díaz-Cardiel Udaondo, en el que viene a referirse a la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor, máxime en un supuesto de crítica política en relación con la gestión en un Gobierno  de quien fuera uno de sus máximos responsables políticos en la época de la Dictadura, refiriéndose a la participación activa del Sr Utrera Molina en debates defendiendo su ideología, aun no ostentando ya cargo institucional alguno, negando que, pese a lo indicado en la sentencia dictada, aquél no hubiera tenido intervención en la ejecución ni en la denegación del indulto del Sr Antich Puig, señalando que la ejecución de este último merecería un análisis en el procedimiento al influir tal circunstancia en la resolución a adoptar, sin que se pudiera obviar para resolver la cuestión discutida la solicitud de detención y extradición del Sr Utrera Molina por parte de la justicia argentina, así como tampoco el contenidos de los votos particulares emitidos por el Tribunal Supremo ante la petición de revisión de la sentencia por la que se condenó a muerte al Sr Puig Antich, y que obran en la sentencia dictada por tal Tribunal con fecha 5 de Julio de 2007.

	Pues bien, llegados a este punto lo primero que debemos indicar es que, pese a las alegaciones efectuadas por la representación del Sr Díaz-Cardiel Udaondo en su escrito formalizando recurso de apelación,  no compete a este Tribunal realizar ningún tipo de análisis político ni moral sobre los hechos objetivamente acaecidos a que nos referimos en el segundo de los fundamentos jurídicos de la presente resolución, en relación con las circunstancias que llevaron a la condena del Sr Antich Puig, tribunal que le sentenciara, contenido de la sentencia, su ejecución, forma de Gobierno existente en ese momento, o cualesquiera otras circunstancias de hecho, en tanto que debemos limitarnos a enjuiciar, como no puede ser de otra manera,  si el contenido del tuit publicado por el Sr Díaz-Cardiel Udaondo por sus términos, y no desde luego por la crítica política que al mismo merezcan determinados acontecimientos históricos, puede considerarse que supone una intromisión o no al derecho al honor de D. José Utrera Molina o si sus comentarios se encuentran protegidos por su derecho a la libertad de expresión.

	Conviene recordar en este punto que si bien toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, comprendiendo este derecho, conforme a lo previsto en el art 10 del Convenio para la protección de los derechos y libertades fundamentales, de 4 de Noviembre de 1950, el derecho a la libertad de opinión, así como el de la libertad  de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin injerencias, no obstante no cabe olvidar que conforme se indica en el apartado segundo de este precepto, “el ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas en la ley, que constituyan medidas, en una sociedad democrática, … para la protección de la reputación o de los derechos ajenos”.

	En lo que a los efectos en la presente litis discutidos nos interesa del  tuit publicado por el Sr Diaz-Cardiel Udaondo, que no es sino el comentario referido en él al Sr Utrera Molina, debemos recordar que en él se dice que “Hoy hace 44 años asesinaron, con garrote vil, a Salvador Puig Antich. El ministro de Franco que ordenó ese asesinato fue José Utrera Molina….”, recogiéndose en dicho tuit  también  comentarios sobre terceras personas con juicios de valor sobre las mismas en los que no procede entremos al no afectar a la cuestión objeto de discusión en esta alzada.

	Pues bien, lo primero que debemos indicar es que, sin discutir desde luego la relevancia pública del Sr Utrera Molina, máxime durante la etapa de su vida de la que formó parte del Gobierno de España, y sin obviar desde luego su repercusión mediática posterior, y ello a los efectos de la ponderación de  los derechos objeto de discusión en esta alzada, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor,  de la simple lectura del tuit en lo que nos afecta,  no cabe duda que lo que se imputa claramente al Sr Utrera Molina es que él dio la orden para cometer un “asesinato”, lo que supone que quien lo ejecuta o de alguna manera interviene en él mismo es vulgarmente considerado como un asesino, conllevando la utilización de esta expresión una carga ofensiva evidente, habiéndose pronunciado nuestro Tribunal Supremo en estos términos y en relación con la utilización del término “asesino” por ejemplo en sentencia de fecha 3 de Abril de 2019 (recurso de casación 2013/18).

Es la utilización de la expresión indicada, - y ello con independencia de que con la misma se pretendiera imputar al Sr Utrera Molina un concreto acto ilícito, como fue la ejecución de la sentencia a pena de muerte del Sr Antich Puig, en cuyo dictado y ejecución, conforme hemos referido en el segundo de los fundamentos jurídicos de la presente resolución, no intervino ya que ninguna intervención tuvo en el dictado de la sentencia que condenó a muerte al Sr Antich Puig ni desde luego pudo tener intervención alguna en la no concesión al mismo de un indulto, en tanto que facultad o prerrogativa que con carácter exclusivo competía al Jefe del Estado en ese momento y no al Consejo de Ministros del que él formara parte - , lo que consideramos que por su contenido ofensivo y vejatorio, siendo además innecesaria para expresar cualquier crítica o idea,  constituye un atentado al honor del Sr Utrera Molina.

	Entiende este Tribunal que las discrepancias ideológicas, o el desacuerdo en el enjuiciamiento de los hechos acaecidos en un momento histórico, pueden y deben sin duda expresarse libremente en una sociedad democrática, ahora bien dicha crítica o desacuerdo no permiten atentar contra el honor de una persona, con la utilización de expresiones que al margen de que puedan resultar objetivamente ofensivas,  en todo caso resultan innecesarias para transmitir una idea crítica de un determinado régimen político o de su actuación.

	Prueba de lo expuesto es el propio tuit publicado por el Sr Rufián Romero, cuyo contenido transcribimos en el segundo de los fundamentos jurídicos de la presente resolución, en el que, sin perjuicio de recoger imprecisiones en el relato de hechos, similares a los reproducidos en el tuit del Sr Díaz-Cardiel Udaondo, sin embargo la crítica por aquél realizada no utilizó expresiones o palabras objetivamente ofensivas, aun cuando sin duda pudieran haber molestado a la familia del D. José Utrera Molina, pero sin que desde luego constituyeran una intromisión en el honor de aquél en el ámbito de la ponderación que debe efectuarse entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión en un supuesto como el que nos ocupa.

	No cabe duda que en las sociedades democráticas la libertad de expresión ampara la crítica, por dura que sea, de los hechos acaecidos en diferentes momentos de nuestra historia, así como sin duda la defensa de posturas e ideas propias y la manifestación de desacuerdo o de total discrepancia con aquéllas  mantenidas por otros, pero las expresiones que se utilicen para la realización de cualquier crítica tienen su límite en el uso de palabras o frases insultantes o notablemente vejatorias, o en la utilización de hechos notoriamente falsos, como ha venido manteniendo nuestro Tribunal Supremo.

	Es evidente que si bien la crítica que merece cualquier sistema autoritario, y las concretas actuaciones realizadas bajo él mismo, conlleva que en el ámbito de la ponderación entre dos derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, el primero tenga una mayor primacía que el segundo, pudiendo permitirse juicios o valoraciones sobre determinados hechos expresados de forma más dura, ello sin embargo no supone, como ya antes hemos señalado, que en la realización de tal crítica se utilicen palabras o frases vejatorias o por si mismas insultantes, siendo el uso de éstas el límite a respetar en una sociedad libre y democrática en el ejercicio de la libertad de expresión.

	Es precisamente en base a las consideraciones hasta el momento expuestas y compartiendo, por otra parte, esta Sala los acertados razonamientos efectuados por la Juzgadora de instancia en la resolución recurrida, lo que nos lleva a desestimar el recurso de apelación que nos ocupa, confirmando la decisión adoptada en sentencia dictada en instancia en relación con el tuit publicado por D. Alfredo Antonio Díaz-Cardiel Udaondo.

QUINTO.- En relación con los motivos de impugnación  mantenidos  por la representación de la Sra. Rodríguez-Rubio Romero contra la resolución adoptada por la Juzgadora de instancia debemos recordar el contenido del tuit objeto de litigio en el que se dice “Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen, nosotr@s también”.

Pues bien, entiende esta Sala que idénticas consideraciones a las expuestas en el fundamento jurídico anterior debemos mantener  en relación con el atentado al honor que supone la imputación de la responsabilidad de un asesinato, como se califica la ejecución a garrote vil del Sr Antich Puig,  en tanto que al margen de que ni el Sr Utrera Molina intervino en el dictado de la sentencia que condenó a aquél a pena de muerte, ni pudo decidir sobre el posible indulto del mismo  en tanto que la prerrogativa del derecho de gracia era facultad exclusiva del Jefe del Estado en ese momento, hacer a aquél responsable de su “asesinato”, por el contenido y carga ofensiva que conlleva la utilización de tal expresión, y la carga vejatoria en la concepción social de tal término, no tiene justificación  en la libre crítica que puede y sin duda debe realizarse de determinados momentos históricos o regímenes políticos, como ya referimos en el fundamento jurídico anterior.

Por otra parte, considera este Tribunal que, pese a las alegaciones efectuadas por la Sra. Rodríguez-Rubio Romero en cuanto a que el tuit por ella publicado lo había sido en tanto que Diputada que era del Parlamento de Andalucía, en calidad de dicho cargo, y dentro de su derecho de participación política, no cabe olvidar que el mencionado tuit se publicó en una cuenta particular de la ahora apelante, no en ninguna cuenta de un partido político o institucional, sin que desde luego la imputación al Sr Utrera Molina de ser responsable de un asesinato, en relación con un hecho que como al inicio del referido tuit se indica había acaecido cuarenta y cuatro años antes de la publicación del mismo, pueda considerarse justificada como un exceso  propio del contexto de un debate político, de forma que como la crítica política no justifica la utilización de expresiones como la publicada en el tuit en los términos que ya hemos explicado, conllevando la expresión utilizada más que una crítica política a un régimen político o a la actuación de quien hubiera tenido participación activa en él, una forma de desacreditar con términos injuriosos a una persona, todo ello nos lleva, compartiendo y haciendo suyos los atinados razonamientos efectuados por la Juzgadora de instancia en este punto, a desestimar el recurso de apelación que nos ocupa.

SEXTO.- Finalmente, y a la vista de las alegaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal impugnando la sentencia dictada en instancia, entiende esta Sala que, sin perjuicio del contenido de sus alegaciones, y aun siendo discutible que desde luego pudiera impugnar la misma,  conforme a lo dispuesto en el art 461 de la LECV,  en tanto que desde luego  no hay pronunciamiento en la resolución referida que le resulte desfavorable, lo que no nos llevaría sino a desestimar íntegramente las pretensiones de aquél, en cualquier caso, y sin perjuicio de las previsiones contenidas en los arts. 2 y 3 de la Ley 52/2007, de 26 de Diciembre, y aun siendo discutible que la sentencia que condenó a muerte al Sr Antich Puig tuviera encaje en las previsiones contenidas en los preceptos citados, teniendo en cuenta la redacción de los tuits objeto de litigio en esta alzada, en los que no se califica como de asesinato la pena acordada por la Justicia Militar en la sentencia dictada, cuya ejecución se llevó a efecto, sino que se hace responsable de un asesinato al Sr Utrera Molina, y al margen de si la mera utilización de este término de asesino o responsable de un asesinato de una expresión que atenta contra el honor de una persona, y si desde luego su utilización se puede justificar en la crítica de un régimen político, en cualquier caso no siendo cierto que  el Sr Utrera Molina tuviera intervención alguna en la decisión adoptada en la sentencia dictada, ni que pudiera conmutar la pena de muerta en la misma fijada, conforme ya hemos expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, todo ello  no nos llevaría sino a desestimar las alegaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada, en tanto que no se trata pese a sus consideraciones lo discutido de un tema de legalidad, esto es de si la sentencia dictada fue o no legal en los término que indica, sino de la imputación que se hace a una persona de haber intervenido en determinados hechos cuando ello no era en sus propios términos cierto, y de si las expresiones utilizadas referidas a su persona, al margen de cualquier crítica política, moral o social, pueden considerarse ofensivas o vejatorias y que por ello a su honor.

SEPTIMO.- En cuanto al pronunciamiento en materia de costas efectuado en la resolución dictada en instancia, sobre las causadas al Sr Rufián  Romero, con el que ha venido a mostrar su disconformidad la representación de la parte actora en la litis, este Tribunal considera que habiendo admitido aquélla que el contenido de los tuits por él publicados, en los que se decía: “A Puig Antich le rompieron el cuello con garrote vil y 23 años. Quien le condenó, ha muerto hoy con 91 años en su cama. Que no se olvide”, y un segundo que dice: “A Puig Antich le rompieron el cuello con 23 años en un garrote vil. Hoy hace 44 años. Quien le condenó, Utrera Molina, murió con 91 en su cama. Quien redactó su sentencia, Carlos Rey, es hoy abogado de Sánchez Camacho. Que no se te olvide”, pese a sus términos, no constituían un atentado al honor de su padre, D. José Utrera Molina, aceptando lo así indicado en la resolución recurrida, entiende esta Sala que la redacción de las razones que llevaron a la Juzgadora de instancia a adoptar tal decisión no justifican, pese a las alegaciones efectuadas por los ahora apelantes, las pretendidas dudas de hecho que refiere, cuando la resolución dictada en instancia es clara  al indicar que los términos utilizados en los tuits referidos, aun cuando contengan imprecisiones y muestren un sentimiento de contrariedad, no obstante no suponen una intromisión en el honor del Sr Utrera Molina, siendo que este Tribunal comparte la decisión de la Juzgadora de instancia en materia de costas por el llamamiento a la litis de quien no incurrió en un ataque al honor cuya protección se interesó inicialmente, siendo que en un supuesto como el litigioso el análisis de la ponderación de dos derechos como el de la libertad de expresión y el del derecho al honor no siempre tiene límites totalmente definidos y claros, lo que no conlleva la existencia de dudas de hecho que justifiquen la no condena en costas a quien ve desestimadas sus pretensiones, y ello conforme a las propias previsiones contenidas en el art 394 de la LECv.
 
OCTAVO.- Las costas procesales devengadas en esta alzada serán de cuenta de cada una de las partes apelantes las causadas a su instancia, teniendo en cuenta al efecto lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LECv

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

III.- F A L L A M O S

	Que desestimando el recurso de apelación formulado por el Procurador de los Tribunales Sra. Sánchez de León Herencia, en nombre y representación de Dª Mª Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, así como el recurso de apelación formulado por el Procurador de los Tribunales Sra. López Valero, en nombre y representación de D. Alfredo Díaz-Cardiel Udaondo, e igualmente el recurso de apelación formulado por el Procurador de los Tribunales Sra. Martín Cantón, en nombre y representación de D. José Antonio Utrera-Molina Gómez, D. Luis Utrera-Molina Gómez, D. César Utrera-Molina Gómez y de Dª Margarita Utrera Gómez, Dª Mª del Mar Utrera Gómez, Dª Mª del Rocío Utrera Gómez, Dª Mª de los Reyes Utrera Gómez y Dª Mª Victoria Utrera Molina, e igualmente las alegaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 50 de los de Madrid, con fecha nueve de Mayo de dos mil diecinueve, debemos confirmar y confirmamos la misma, con expresa imposición a cada una de las partes apelantes de las costas procesales devengadas en esta alzada con causa en los recursos de apelación por cada una de ellas mantenidos contra la resolución dictada en instancia.

 Contra la presente resolución cabe el Recurso de Casación por interés casacional y/o extraordinario por infracción procesal, en los términos previstos en el art 469 de la LECv, en relación con la Disposición Final Decimosexta de la misma, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal y del que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo.

  	Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.